Archivillanas, bares y hospitales

Mi amiga María me escribe indignada por la nueva y leonina Ordenanza de Gestión y Control de Licencias de la hostelería que ha aprobado el ayuntamiento del PP y que pone más palos entre las ruedas de uno de los sectores más castigados por la crisis, y de la querellable actuación de la Comunidad de Madrid -comandada por la archivillana Esperanza Aguirre, secundada por el grimoso Juan José Güemes-, desde hace tiempo en bochornosa manipulación de personas y recursos económicos para privatizar la Sanidad Pública de forma alevosa y furtiva, tratando de organizar los centros hospitalarios como empresas productivas a rentabilizar y a los pacientes como números en las mismas.

Así pues, en "Vida y Tiempos..."nos sumamos a sus denuncias, dejándoles el enlace a la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública y el contenido de la denuncia que hace sobre la nueva ordenanza del gobierno Gallardón para un sector vital, el hostelero, preclaro termómetro de la economía española, exigiendo nuevos gastos y reformas a bares y restaurantes que harán muy complicado su supervivencia en estos tiempos inciertos.


Se van a cargar los bares‏

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el 29 de junio la nueva Ordenanza de Gestión y Control de las Licencias, pendiente aún de publicación en el Boletín Oficial de la CAM. El control periódico consistirá en la realización de las actuaciones necesarias para comprobar la permanente adaptación de las actividades e instalaciones a las normas que en cada momento resulten de aplicación (o les salgan de los cojones aprobar, dicho de otra manera)

Esta exigencia supondrá la reforma y adaptación de los locales de hostelería a la normativa actual, independientemente de la fecha de concesión de las licencias y la constante adaptación de los locales en el futuro a las condiciones establecidas por cualquier normativa posterior, alterando las condiciones de las licencias de los locales. Esto supondrá inversiones para los empresarios, aumento de costes de tramitación para las empresas, inseguridad jurídica y económica de los negocios y el freno a las inversiones en el sector (que sufrirá Madrid como consecuencia de esta normativa).

La Ordenanza establece además que deben ser los propios titulares de las actividades los que soliciten y paguen dicha revisión a los nuevos Organismos de Control Urbanístico autorizados.

Solamente en el inicio de su aplicación, entre los años 2013 a 2017, La Viña (asociación empresarial de hostelería de la Comunidad de Madrid) estima que el sector de hostelería en Madrid deberá costear:

- Reformas por valor de 500 millones de euros en un momento de crisis económica que hace las inversiones sean inviables para muchas micropymes. - 36 millones de euros que el sector va a tener que pagar en honorarios a los Organismos de Contol Urbanístico del Ayuntamiento de Madrid. - 48 millones de euros en proyectos técnicos de ingenieros y las tasas del consistorio para adaptar las licencias a las consecuencias de las revisiones. Además, este nuevo control periódico de las actividades de hostelería es contrario a la Directiva 2006/123/CE relativa a los Servicios del Mercado Interior Europeo, que prohibe la introducción de nuevos trámites para la creación y funcionamiento de las empresas, con el fin de frenar las barreras administrativas a la creación de empresas. La Viña prevé recurrir la Ordenanza ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por incumplimiento de una directiva europea.